La carrera contra el hambre se complica. COVID-19, guerras, efectos del cambio climático… Son muchos los obstáculos que nos alejan del Hambre Cero en muchos lugares del mundo. Mozambique es uno de ellos. Hoy ponemos el foco en la emergencia alimentaria en Cabo Delgado, una de las provincias más empobrecidas del país. Sobre ella lanzamos recientemente un estudio junto al del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (ICEAH). Beatriz Abellán, investigadora del IECAH y coautora del informe, te cuenta hoy sus claves.
La Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU fija 2030 como fecha límite para acabar con el hambre. Sin embargo, los últimos datos muestran que estamos lejos de este objetivo. Según el informe del Índice Global de Hambre 2021, en el que participa Ayuda en Acción, la prevalencia global de subalimentación ha aumentado en la última década. El aumento en número, complejidad y duración de los conflictos armados, los efectos del cambio climático y, en los dos últimos años, los impactos de la COVID-19, son los principales factores de este retroceso. En los países con los peores índices de seguridad alimentaria a estos principales motores se les suman vulnerabilidades estructurales, con una fragilidad crónica de sus sistemas alimentarios y con escasas capacidades institucionales de actuación.
La respuesta internacional ante estos contextos de emergencia humanitaria es muy insuficiente. como muestra el informe “Acción Humanitaria 2020-2021: la pandemia retrasa las reformas necesarias”, en el que hemos participado recientemente. Lo vemos en la región de Cabo Delgado, en Mozambique, que ocupa el puesto 106 de 166 en el Índice Mundial del Hambre y donde a diciembre de 2021, solo el 64,2% de los fondos prometidos por la comunidad internacional han sido desembolsados. Para llamar la atención sobre esta situación y promover una mejor respuesta internacional, el IECAH y Ayuda en Acción hemos elaborado el informe “Emergencia alimentaria en Cabo Delgado, Mozambique: Conflicto armado y desplazamiento forzado como motores de la inseguridad alimentaria”.
La situación de Cabo Delgado es un reflejo de la perniciosa vinculación entre conflicto violento e inseguridad alimentaria. Esta región del este de África vive desde 2017 un conflicto armado entre grupos rebeldes y las fuerzas gubernamentales, lo que ha provocado desplazamientos masivos de la población: 1 de cada 3 personas se encuentran desplazadas en la región.
Entre las personas desplazadas también se encuentran aquellas afectadas por los ciclones de 2019 que destruyeron muchos hogares. Además, Mozambique es uno de los países más vulnerables al cambio climático, lo que le hace propenso a eventos climáticos extremos, sequías y lluvias erráticas que pueden desembocar en desastres. Los efectos de la guerra sobre un sistema alimentario ya frágil por la escasez de tierras y la baja productividad están teniendo consecuencias alarmantes en la inseguridad alimentaria de las familias. Los daños del conflicto armado tienen efectos profundos en el ámbito económico en general y alimentario en particular: destrucción de infraestructuras, colapso de la cadena de suministro y repercusiones económicas negativas en términos de capacidad adquisitiva de alimentos de toda la población, con mayor impacto sobre los hogares más vulnerables.
En el estudio examinamos los datos recogidos en el terreno por Ayuda en Acción, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, de los hogares de personas desplazadas en dos de las ciudades más afectadas por el desplazamiento forzado en ese momento: Ancuabe y Metuge. Las conclusiones son alarmantes: el 90% de los hogares de personas desplazadas y el 72% de hogares de personas locales se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria inaceptable, según el indicador estándar del Programa Mundial de Alimentos (PMA) utilizado, conocido como Puntaje de Consumo de Alimentos. Cabe señalar que la situación alimentaria de las personas desplazadas empeora a medida que aumenta el tiempo en las comunidades de acogida. Asimismo, la tenencia o no de tierras, el tipo de alojamiento o las reservas de granos también determinan la situación alimentaria de las familias.
En el estudio proponemos combinar diferentes formas de actuación, tanto de emergencia a corto plazo, como de desarrollo y paz a largo plazo para avanzar hacia soluciones duraderas. Esto es lo que se conoce técnicamente como enfoque “triple nexo”.
Por un lado, se debe continuar la ayuda alimentaria, preferiblemente con asistencia en efectivo, a través de una distribución focalizada, es decir, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de cada persona, así como asegurar el alojamiento de las personas desplazadas. Al mismo tiempo, es necesario adoptar un enfoque a largo plazo y realizar acciones encaminadas a fortalecer el sistema alimentario de la región. Sugerimos desarrollar estrategias de conservación y almacenamiento de los alimentos, aumentar la productividad y resistencia frente al cambio climático y reactivar los mercados locales. Por último, es fundamental que simultáneamente se realicen labores para promover la paz en el país, ya que al igual que existe un vínculo negativo guerra-hambre, también la paz y la seguridad alimentaria se retroalimentan.
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