La ayuda humanitaria es una de nuestras líneas de trabajo. Al contrario de lo que mucha gente piensa, esta no se activa únicamente cuando ocurre alguna catástrofe. Anticiparse a los riesgos existentes o tener capacidad para enfrentar riesgos sobrevenidos es clave para mitigar las consecuencias de una emergencia.
En las zonas periurbanas y rurales del altiplano boliviano, con una población mayoritariamente indígena, los riesgos a los que se enfrentan sus habitantes son múltiples. El cambio climático es la principal amenaza para las familias campesinas aymaras con las que trabajamos. Temen que una helada, una granizada o el deslizamiento de tierras dé al traste, una vez más, con su plantación de papa o quinua.
Sin embargo, la población no es en general consciente de otros riesgos, a los que llamamos ocultos. Estos han sido identificados por el ‘Consorcio Resiliencia’ que formamos junto con World Vision, FAO y UNICEF en los municipios de San Pedro de Curahuara, Sica Sica, Umala y Papel Pampa. Según nos cuenta Gonzalo Vega, técnico del proyecto, los riesgos ocultos en esta zona se producen como consecuencia de eventos adversos que obligan a las comunidades a migrar a ciudades intermedias:
Si hablamos de riesgos ocultos para las poblaciones rurales y periurbanas del altiplano boliviano, nuestro trabajo nos permite identificar varias: la violencia por razón de pertenencia étnica, la violencia de género, el bullying o la falta de servicios son las más destacables.
En este contexto y dentro de nuestro trabajo de creación de escuelas resilientes, hemos identificado los centros educativos como foco principal del trabajo de prevención,mitigación y gestión de riesgos. A través de nuestro proyecto un total de 80 docentes rurales aprenderán conceptos, normas, procedimientos y herramientas que garanticen la seguridad y los derechos del alumnado en sus escuelas.
Pero, ¿por qué tiene importancia la escuela en la gestión de riesgos? En entornos como los que trabajamos en las zonas rurales y periurbanas del altiplano boliviano, son los y las docentes quienes están al frente de la comunidad educativa, clave para el desarrollo de toda la población.
El profesorado es responsable en primer término de organizar a los niños y niñas, pero también a sus familias, en caso de que algo ocurra en la comunidad. Tras esta formación, los docentes sabrán realizar y dirigir planes de evacuación no solo para la infancia en la escuela, sino para toda la comunidad.
Pero no es solo eso: el profesorado ocupa un lugar muy importante en la comunidad durante muchos años. Proporcionarle esta formación repercutirá, sin duda, en la sostenibilidad del proyecto y por tanto, en la seguridad comunitaria.
Una vez realizado el proceso de capacitación, el profesorado hará réplicas del contenido dentro de la comunidad educativa. “De esta forma –asegura Gonzalo– integramos a profesorado y alumnado, pero también a familias, todo ello en coordinación directa con las Direcciones Distritales de Educación y otros organismos oficiales”.
Como señalábamos al principio, el modelo de escuelas resilientes y digitales es una máxima en nuestro trabajo en cuanto a educación se refiere. Hacer frente de una u otra manera ante adversidades como la COVID-19 depende en gran medida del trabajo previo realizado en cuanto a gestión de riesgos.
En la emergencia de la COVID-19, Bolivia ha sido uno de los países de Sudamérica que más está sufriendo sus efectos. Los centros educativos están cerrados y la previsión es que no vuelvan a abrir hasta febrero (el “verano” en el cono sur comienza en diciembre). Los docentes con quienes trabajamos en estas formaciones tienen por delante, por tanto, tiempo para trabajar un plan consistente de retorno seguro.
A las familias les preocupa el momento del regreso a las aulas, pero también la pérdida de sus ahorros como resultado de una larga cuarentena. También temen no contar con los recursos suficientes para una reactivación económica o no poder hacer frente a sus necesidades más básicas.
A Ayuda en Acción, además de la seguridad del alumnado en el regreso tras tantos meses de ausencia, nos preocupa el posible absentismo escolar que pueda producirse. Contar con escuelas preparadas para situaciones de emergencia asegura el cumplimiento de los derechos de la infancia, una de los principales ejes de nuestro trabajo.
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